El día 12 de marzo del 2007, fui invitado a una exposición videográfica del Dr. Jorge Lobo, destacado investigador de la Universidad de Costa Rica, la que fue parte del evento Tertuliando sobre Osa que se llevó a cabo en Palmar Sur, patrocinado por The Nature Conservancy (TNC).

En esa ocasión me impactó ver el desastre ecológico que está causando en la Fila Costeña de Osa en Costa Rica, el desarrollo inmobiliario descontrolado y lo relacioné con otros hechos que suceden en este Cantón del Sur-Sur de Costa Rica que hoy es mi habitat y el de mi familia.

Ese día señalé tres ingredientes que a mi criterio exponencian este problema: corrupción en el ejercicio de la función pública, negligencia y tolerancia de la sociedad civil (incluido este servidor)

La construcción de este “blogg”, es una respuesta a los acuerdos tomados el día 26 de abril del 2007, en la reunión de seguimiento que se llevó a cabo en el salón de sesiones del Concejo Municpal de Osa y que constan en la respectiva memoria.

Espero que cumpla su cometido y que pueda recoger todos los comentarios de quienes lo deseen. GRACIAS

El texto, aprobado por los ministros ambientales de los países del G8, recomienda recuperar los bosques, la pesca y la agricultura e impulsar investigaciones en estos sectores

Los ministros de Medio Ambiente de los países del G8 y de grandes economías emergentes como Brasil y México adoptaron hoy en Sicilia la "Carta de Siracusa" en la que se reconoce la importancia de la biodiversidad para frenar el calentamiento global. En el documento, de 25 puntos, los ministros reconocen que "la biodiversidad y los sistemas ecológicos juegan un papel clave para mantener el bienestar humano y que es necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo fijados por Naciones Unidas y conocidos como aquellos del Milenio".

La Carta de Siracusa reconoce explícitamente la existencia de una relación entre biodiversidad y calentamiento global. "La defensa de la biodiversidad es indispensable para regularizar el clima", subraya el texto. La biodiversidad, considerada en el pasado como algo autónomo y que interesaba a los países con grandes recursos ecológicos, entre ellos México, Colombia y Brasil, ha sido reconocida por todos las naciones participantes como un bien clave, indispensable tanto para los países ricos como para los pobres.

El texto subraya que los varios ecosistemas (agua, aire...) son esenciales para la tierra y que es necesario tener conocimiento de lo que representaría su pérdida para medir su utilidad y empleo, sobre todo en los países pobres. El documento recomienda mantener la biodiversidad y recuperar los bosques, la pesca, la agricultura; así como, impulsar y promover las investigaciones sobre el sector.

"Los múltiples cambios que el mundo está registrando constituyen una señal evidente de la necesidad que existe de aunar esfuerzos para conservar y administrar de manera responsable la biodiversidad y los recursos naturales", sostiene la Carta. En la reunión siciliana participan además de los ministros del G8 (Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, Francia, Canadá, Gran Bretaña e Italia), los de Brasil, China, India, México, Sudáfrica, Australia, Corea del Sur, Egipto e Indonesia.

Los 17 países presentes en Siracusa son responsables de cerca del 80% de las emisiones de gases contaminantes, según estimaciones de la cancillería italiana. La ONU convocó una cumbre sobre el ambiente en Copenhague para finales del 2009, que remplazará el Tratado de Kioto, que no fue suscrito por Estados Unidos.

El caso de Osa

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/01/opinion1860066.html

Un tribunal de justicia ha puesto al municipio de Osa y al Minaet en su lugar

Lo ambiental y la defensa de los recursos naturales exigen un cambio radical de actitud

Al referirse al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, sección sexta, del Segundo Circuito Judicial de San José, sobre actos ilegales en una franja de la península de Osa, el alcalde de este cantón, Alberto Cole, respondió: “Ni en Cuba pasa esto”. Esta respuesta refleja la mentalidad con que, en el pasado y ahora, algunos han aplicado la normativa referente a la defensa del ambiente y de los recursos naturales en esta zona y en otros lugares del país.

No se trata de un régimen totalitario, sino del Estado de derecho en Costa Rica y de regulaciones específicas que los municipios y el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) deben conocer a plenitud y aplicar con rectitud. A la sazón, cuando se aprobaron los acuerdos que el tribunal citado anuló, en la administración pasada, los funcionarios públicos faltaron gravemente a su deber. Nos referimos, como informamos el sábado pasado, al plan regulador de Punta Ventanas de Osa, a las construcciones que dañaron el bosque de esa zona costera en el Pacífico sur (27 hectáreas en total), patrimonio natural del Estado, y a los contratos de concesión firmados por la Municipalidad de Osa y las empresas Ventanas de Osa S. A. y Shark Bay 2000 S. A.

el tribunal ordenó, asimismo, al Minaet (que a las de por sí vastas funciones anteriores se le agregaron, inexplicablemente, las telecomunicaciones) y al municipio de Osa coordinar el desalojo de las propiedades de esa zona con la obligación, para el gobierno local, de indemnizar a la empresa Ventanas de Osa S. A. Esta resolución no constituye “un pésimo precedente para el desarrollo del país”, como manifestó el alcalde actual. Por el contrario, el alegre proceder del municipio y del Minaet, en su oportunidad, representa, por sus consecuencias legales y económicas, un precedente y una lección para quienes se apartan del Estado de derecho. Estas acciones y omisiones en la península de Osa, un paraje singular en América Latina, ponen de manifiesto cuán vasta es la empresa que el país tiene ante sí para que se tome conciencia de la obligación legal, moral y técnica de adecuar el discurso ecológico o turístico a los hechos.

La denuncia sobre las desviaciones de los planes reguladores en la zona marítimo-terrestre provinieron de la Contraloría General de la República y no, como debió ser, por el Minae a la sazón. Las irregularidades fueron verificadas, asimismo, por el Tribunal Ambiental Administrativo y, en cuanto a la tala en las zonas altas, por una investigación de expertos de la UCR. Lejos están estas conclusiones y la reputación de estas entidades de los procedimientos de un gobierno dictatorial o del perjuicio causado al desarrollo del país. Esperamos que otros municipios y las instituciones públicas a cargo de esta materia reparen en estas declaraciones y en una sucesión de anomalías legales en lo ambiental o en la defensa de los recursos naturales.

El Estado y los diversos sectores del país han resuelto hacerle frente a la actual crisis económica mundial con responsabilidad y aplomo. Otras crisis de menor escala, como la ambiental, vial, portuaria, de ordenamento territorial, de seguridad ciudadana o de ejecutividad, están afectando también al país desde hace muchos años. Su enfrentamiento dinámico requiere también una actitud decidida e innovadora, no por el acicate de los tribunales o de la Contraloría General de la República, sino por sentido de responsabilidad personal y social.

Jorge Arturo Lobo, Biólogo - Quírico Jiménez, Ingeniero

Una iniciativa importante para el desarrollo sostenible en Osa está en peligro

El avance de las inversiones inmobiliarias en la fila costeña del cantón de Osa es ya una noticia conocida. Es imposible ocultar la destrucción ambiental ocasionada por esta expansión inmobiliaria y turística, que se asemeja al crecimiento descontrolado en Guanacaste y el Pacífico central.

Impactantes imágenes se han divulgado por el país y por el mundo, donde se muestra la apertura y ampliación de caminos en laderas, quebradas y bosques de galería, así como la proliferación de terrazas de construcción. Es la peor manera de hacer uso de estos suelos, destinados a la protección del agua y la biodiversidad.

Afirmaciones engañosas. El alcalde de Osa y algunos concejales no ven tan mal este problema. Han dicho que estas imágenes de destrucción, culminadas en algún momento por lujosos condominios o mansiones, son preferibles a las áreas agrícolas abandonadas. Engañosa afirmación, pues no son solo “potreros” lo que se está destruyendo.

La UCR ha aportado las pruebas que demuestran que las construcciones avanzan sobre una diversa variedad de uso del suelo, especialmente sobre fragmentos de bosque primario y secundario, terrenos de pendientes inapropiadas para la construcción, ríos y quebradas. Los sedimentos de esta erosión están contribuyendo a la muerte de los corales en el Parque Nacional Marino Ballena.

El cierre de varios proyectos realizados por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) demuestra la caótica situación urbanística y ambiental que se está viviendo en esta zona. Paradójicamente, muchos de estos proyectos cerrados contaban con permiso municipal.

El cantón de Osa parece que vive hoy con inversiones extranjeras que aparentemente producen mucha riqueza y empleo, pero que al final dejan secuelas de pobreza, poco desarrollo local y enorme destrucción ambiental. Aprovechar el momento y dejar el cuidado del ambiente para otro día parecen ser una equivocada consigna. El empleo generado por las empresas inmobiliarias es efímero, pues, una vez que terminan las construcciones, queda solo el paisaje de casas lujosas con unos pocos empleados con bajos salarios.

Este cantón necesita ordenamiento territorial, organizar las construcciones y leyes más estrictas que regulen el uso del suelo. Un primer paso en la dirección correcta sería la finalización del Plan de Ordenamiento Cantonal y del Plan de Ordenamiento Costero del Cantón de Osa, actualmente en preparación y en discusión con las comunidades por parte del Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR, el cual debe verse culminado con un reglamento de construcciones que sea firmemente cumplido por la Municipalidad y respaldado por sus habitantes.

Panorama incierto. Sin embargo, el panorama se muestra incierto para esta iniciativa, pues el Consejo Municipal de Osa ha recomendado la ruptura del contrato con la UCR, apoyándose en interpretaciones equivocadas, así como en criterios de la Procuraduría de la República sobre las fuentes de financiamiento para la elaboración de los planes cantonales. Sin duda, ya no hay interés por estas propuestas, lo que pone en peligro una iniciativa importante para el desarrollo humano sostenible del cantón de Osa.

La población debe exigir a su administración municipal la continuación de estos esfuerzos; de lo contrario, el cantón continuará siendo presa fácil de empresas inmobiliarias y de construcciones preocupadas únicamente por el afán de lucro, olvidando el hermoso y silvestre paisaje de esta zona. Los pobladores de Osa y su rica biodiversidad merecen un mejor futuro.

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/enero/22/opinion1848464.html

El daño ambiental que se ha producido en Osa por un desarrollo inmobiliario desmedido requerirá, no solo del freno de las construcciones actuales, sino que de la declaración del área como libre de intervención por varios años.

Jorge Lobo, biólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) que ha realizado estudios en la zona, opinó que el daño ambiental requiere de proyectos de restauración de bosques, permitiendo la regeneración natural o sembrando algunas especies de árboles para agilizar el proceso.

“Si las construcciones suspendidas vuelven a reactivarse con permisos más limitados, esta oportunidad de recuperación será más difícil”, manifestó Lobo.

En su opinión, en la Fila Costeña se deben delimitar los territorios aptos para la construcción sin que esto impida la restauración de éstas otras zonas.

“La acción más urgente es una moratoria de construcciones hasta finalizar los planes de ordenamiento cantonal que actualmente prepara la UCR”.

Lobo alegó que dicho plan regulador iba por buen camino, hasta que fue detenido por la Municipalidad de Osa.

Por su parte, José Lino Chaves, presidente del Tribunal Ambiental, informó que las empresas que han causado los daños deben presentar un plan para mitigar el efecto causado sobre el ambiente.

Además, se les cobrará una indemnización , la cual se deposita en caja única del Estado y se utilizará en el mantenimiento y recuperación de las zonas afectadas.

“Las deficiencias son generales, hay un divorcio institucional entre municipalidades e instituciones del Minaet, pero también hay responsabilidad en el sector privado que desarrolla los proyectos”, consideró Chaves.

Lobo concordó con que el problema ocurre a todos los niveles. Por un lado, se dan construcciones ilegales, por otro están las que obtienen los permisos de un municipio que los otorga con facilidad y sin inspección.

Por último, hay permisos mal otorgados, inclusive por la misma Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), donde no se da una labor óptima por parte de los consultores ambientales

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/febrero/01/economia1853927.html